La importancia de la Participación Ciudadana en la toma de decisiones públicas

Bueno, a continuación les entrego un extracto del borrador de mi informe de práctica, en donde busco entregar algunos conceptos que den un marco al informe.

Es como un disco inédito de un cantante, como un pintura escondida de un pintor, en fin.. lo entrego para el que quiera hacerse una idea de lo que estaba pensando este verano, y que vean que no sólo jugué solitario en la oficina (broma)..

Saludos y éxito.

Como ciudadano, entendemos desde un punto de vista jurídico a los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva (Constitución Política de la República de Chile, 2005). El inciso 2º del mismo artículo 13 agrega: "la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.

Aristóteles por su parte define al ciudadano como "quien tiene el poder de tomar parte en la administración judicial, o en la actividad deliberativa del Estado."

Siguiendo a Fernández (2007), lo que nos hace ciudadanos es la consideración de la realidad política como un factor dependiente de los sujetos que buscan instituir un orden social conforme a acciones y discursos que se mueven, teóricamente, independientes del sistema. Se observa en esta aseveración que le ciudadanía depende de la capacidad del individuo de buscar influir en el orden social.

El influir en la sociedad, que entendemos que es una sociedad política por excelencia, se realiza a través de la participación, que corresponde al conjunto de actividades mediante las cuales los ciudadanos, en virtud de sus derechos cívicos e intereses concretos, inciden en la formulación, implementación y evaluación de las políticas de gobierno otorgándoles de esta manera legitimidad (Fernández, 2007). Además implica el influir sobre la elección y evaluación de las personas que hacen esas políticas (Marquez et al, 2001). Del Piano y Sanhueza, en Marquez et al (2001) agregan que la participación ciudadana es la intervención de las personas y los colectivos en actividades que influyan en la agenda pública, en defensa y promoción de sus intereses sociales.

Es importante también indicar que la participación ciudadana representa la relación entre Estado y Sociedad Civil, o sea la intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales (Marquez, 2001). Se debe tener presente que la intervención de la sociedad civil debe ir mas allá del voto (Varas et al, 2006). Hay consenso entonces que una democracia robusta requiere participación ciudadana, un debate amplio y posiciones diversas sobre los asuntos públicos.

La sociedad civil es el espacio intermedio situado entre el Estado y la familia, poblado por grupos o asociaciones organizados separados del Estado y que disfrutan de cierta autonomía en relación a este último, y que son voluntariamente formados por miembros de la sociedad para proteger o ampliar sus intereses (White, 1994). Para Montesquieu y Tocqueville la sociedad correponde a un cuerpo intermedio entre el individuo y el Estado, que adquiere un papel preponderante como la única capaz de otorgar legitimidad democrática a procesos políticos y sociales (Cohen y Arato, 1992), eso sí, no se debe perder de vista que la sociedad civil organizada no puede florecer sin instituciones democráticas inclusivas (Bobbio et al, 1983).

Siguiendo a Habermas en Varas et al (2006), la deliberación de los ciudadanos en la esfera pública es la clave para la realización de los ideales de libertad, pluralismo y realización de toda sociedad democrática. Esta deliberación debe ser desde dentro del sistema democrático y de los principios liberales del pluralismo de valor (Cohen y Arato, 1992)

Este sistema democráctico debemos entenderlo en una primera instancia como un logro social improbable que debe ser entendido contextualmente. La particular autocomprensión de la democracia por los ciudadanos parte de ella como un dato, como un sistema necesario y exigible (Fernandez, 2007) Este sistema democrático se legitima entonces con la existencia efectiva de igualdad (No rawlsiana), en lo que se refiere a la institucionalización de mecanismos participativos tanto como medio de la correcta gestión pública.

Se desprenden dos conceptos que resultan interesante de entregar.

El Empoderamiento corresponde a apropiarse de algo, de imbuirse del poder conferido (Diccionario de Administración Pública del Ministerio del Interior, 2002). Este concepto es interesante al momento de abordar las implicancias de la participación ciudadana, que implica la asignación de poderes a la ciudadanía.

Como gobernanza se entiende la capacidad estratégica y tecno-política para ejercer gobierno en un escenario o situación. interacción entre sus distintos niveles (Diccionario de Administración Pública del Ministerio Interior, 2002), sobre todo cuando se produce cesión de competencias, por ejemplo en la interacción de la administración pública con el mercado y las organizaciones privadas o de la denominada sociedad civil.


La gestión pública es la manera de organizar el uso de los recursos para el cumplimiento de los objetivos y tareas del Estado (Subdere, 2006), la gestión pública se da en los organismos públicos (servicios públicos) que correponden a órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Están sometidos a la dependencia o supervisión del Presidente de la República a través de los respectivos ministerios, cuyas políticas, planes y programas les corresponde aplicar. (Art. 25, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado).

Son los organismos públicos los que se preocupan por la creación, implementación y evaluación de las políticas públicas, que conceptualmente son los grandes lineamientos que el gobierno desarrolla[1] (ministerio Interior, 2002)

Al conocimiento del experto de la administración es necesario oponer el conocimiento del propio interesado, situación que puede y debe hacerse a través de formas de participación ciudadanas en las diferentes etapas de gestión administrativa. Si no existe control público de la discusión no habrá garantía de que ella se resuelva en función de los intereses públicos (Subdere, 2006)

Volviendo al tema de la participación ciudadana, se entiende que el Estado debe propiciar las instancias para participar, la Subdere(2006) indica que “es impensable la existencia de una real participación si no se promueven desde el Estado los mecanismos que lo hagan posible, coexistiendo con una sociedad civil organizada e interesada en las cuestiones públicas” .

Esto se ve plasmado con la agenda pro participación, presentado por el gobierno de Bachelet en Septiembre de 2006 que en el tema de participación ciudadana indica[2]:

• Cualificación de las Cuentas Públicas a nivel nacional como práctica de responsabilización de la administración pública ante los ciudadanos.

• Promoción de Minutas de Posición sobre Políticas Públicas como práctica de consulta ciudadana en el diseño de las políticas públicas sectoriales. Las minutas son documentos preparados y presentados por los responsables de las diversas instituciones del Estado. Las minutas deberán explicar el contenido y la lógica de una iniciativa o nueva política a un público relativamente extenso y heterogéneo. Las reparticiones gubernamentales publicarán en Internet estos documentos, estableciendo un período mínimo para la recepción de comentarios y observaciones ciudadanas sobre ellos.

• Diseño y Transferencia de Metodología de Diálogos Participativos entre autoridades políticas y representantes de la sociedad civil. Se trata de espacios a partir de los cuales se determinan compromisos y se definen roles de corresponsabilidad entre los actores involucrados. Lo anterior se hará a través de la transferencia de la metodología INCIDE (Inclusión de la Ciudadanía en el Diseño, Ejecución y Evaluación de las Políticas Públicas) de la División de Organizaciones Sociales.• Promoción y acompañamiento metodológico en la instalación de Consejos de Sociedad Civil en los órganos del Estado. Los Consejos de la Sociedad Civil estarán conformados por representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas o con competencia en los temas específicos de cada ministerio o servicio público.

• Constitución de un Comité Interministerial de Participación Ciudadana (CIPAC),integrado por representantes de cada ministerio y servicio público a nivel nacional y regional, con el objetivo de incorporar y dar seguimiento a las agendas sectoriales de participación ciudadana.

Se intenta la búsqueda (al menos en el discurso) de una ciudadanía empoderada, interesada en los asuntos públicos, con demandas de tipo social, que participen activamente en el proceso decisional.

Se infiere que existe una búsqueda de una democracia poliárquica (Dahl), que implica la existencia de control social por parte de la ciudadanía. El control social se entiende como el mecanismo que permite a la ciudadanía, sobre la base de una información acabada acerca de un proyecto o programa determinado, aprobarlo, vetarlo y juzgar a sus ejecutores, de manera tal que asegura tanto la transparencia en la administración como el beneficio de la ciudadanía con la realización del proyecto y por ende su legitimidad democrática (Fernández, 2007).

Este control social se logra, aumentando los niveles de participación ciudadana desde el nivel más básico de información (difusión) hasta los niveles altos de decisión y control de la ciudadanía sobre las políticas públicas y quienes las implementan.

[1] En este punto el autor del presente trabajo no comparte que las políticas públicas sean los grandes lineamientos creados por el gobierno, sino que a eso se le debe agregar la función de creación, formulación, ejecución y evaluación que realizan los organismos públicos, y que están lejos de ser temas de carácter general.
[2] Fuente: pagina Web www.participa.cl